OBISPOS ALIENTAN A LA VIGILANCIA PARA QUE LA REFORMA DE SALUD PROTEJA LA CONCIENCIA Y NO FINANCIE EL ABORTO

Aplauden esfuerzos para expandir el cuidado médico a todos
Subrayan la necesidad de garantizar que el dinero federal no se use para abortos
Las deficiencias en la reforma que se acaba de aprobar deben resolverse

WASHINGTON— Los obispos estadounidenses hicieron un llamado al Congreso y a la comunidad católica a que se aseguren de que se cumplen las promesas de que la nueva legislación de salud no ampliará los abortos en Estados Unidos.
           
El Cardenal Francis George de Chicago, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), hizo este llamado el 23 de marzo, minutos después de que el Presidente Barack Obama firmara la versión del Senado de la reforma de salud aprobada por estrecho margen por la Cámara de Representantes el 21 de marzo. La declaración oficial fue aprobada unánimemente por los 32 miembros del Comité Administrativo de la USCCB.
           
“Aplaudimos el esfuerzo por expandir el cuidado de la salud  a todas las personas,” afirmó el Cardenal George.
           
También expresó preocupación sobre esta legislación, incluyendo  que “el estatuto obliga a aquellos que elijan planes subsidiados por el gobierno federal que incluyen el aborto a pagar por los abortos de otras personas con sus propios fondos”.
           
El Cardenal George señaló la Orden Ejecutiva del Presidente Obama donde dice que “es necesario establecer un mecanismo de cumplimiento adecuado para asegurar que los fondos federales no sean usados para servicios de aborto”.
           
La necesidad de tal ordenanza subraya las deficiencias en la ley, afirmó el Cardenal.
           
“No entendemos como una Orden Ejecutiva, no importa la buena intención, puede sustituir a las provisiones estatutarias”, dijo.
           
El Presidente Obama y otros afirman que la ley no amplía el aborto, señaló el Cardenal.
           
“Nosotros, junto a muchos otros, acompañaremos al gobierno en la puesta en práctica de la reforma del cuidado de la salud y trabajaremos para asegurar que el Congreso y la Administración estén a la altura de tales afirmaciones que han contribuido a su aprobación. Finalmente, creemos, casi con toda certeza, que se requerirá de nueva legislación para resolver sus deficiencias”, afirmó.

El texto completo de la declaración se ofrece a continuación.

Por cerca de un siglo los obispos católicos de los Estados Unidos han pedido una reforma de nuestro sistema de salud para que todas las personas puedan tener acceso al cuidado que reconoce y afirma su dignidad humana. El discipulado cristiano significa “trabajar para asegurar que todas las personas tengan acceso a aquello que los haga plenamente humanos y que promueva su dignidad humana.” (Catecismo Católico de los Estados Unidos para los Adultos, página 485). Entre esos elementos se incluye la provisión de los cuidados médicos y de salud necesarios y apropiados.

Durante demasiado tiempo esta cuestión ha permanecido sin resolver en nuestro país. A menudo, mientras muchos tenían acceso a tratamientos médicos excelentes, millones de otras personas incluyendo madres embarazadas, familias en dificultades o aquellos con serios problemas médicos y físicos quedaban fuera al no poder pagar el cuidado que necesitaban. Como obispos católicos, hemos expresado nuestro apoyo a los esfuerzos por resolver esta deficiencia nacional y social. Nosotros hemos hablado por los más pobres y desamparados entre nosotros. Muchos elementos de la ley de reforma del cuidado de la salud firmada por el Presidente responden a estos problemas y de este modo ayudan a cumplir el deber que tenemos unos con otros para el bien común. Somos obispos y, por tanto, pastores y maestros. En esta capacidad, aplaudimos el esfuerzo por expandir el cuidado de la salud  a todas las personas.

Sin embargo, por cualquier bien que esta legislación logra o intenta lograr, como obispos católicos nos hemos opuesto a su aprobación porque hay pruebas convincentes de que expandiría el papel del gobierno federal en la financiación y facilitación del aborto y de planes que incluyen el aborto. El estatuto destina cientos de millones de dólares de nueva financiación a su implementación sin prohibir explícitamente el uso de esos fondos para el aborto, y proporciona subsidios federales a planes que incluyen abortos electivos.

Su fallo en retener el status quo legal que ha regulado la relación del gobierno con respecto al aborto, como lo había hecho el proyecto de ley original aprobado por la Cámara de Representantes el pasado mes de noviembre, podría socavar aquella que ha sido la ley de nuestro país por décadas y amenaza el consenso de la mayoría de los estadounidenses: que los fondos federales no se usen para el aborto o planes que lo incluyan.  Y lo que es aún más extraño, el estatuto obliga a aquellos que elijan planes subsidiados por el gobierno federal que incluyen  el aborto a pagar por los abortos de otras personas con sus propios fondos. Si esta nueva ley intenta evitar que las personas sean cómplices en los abortos de otras personas, se contradice a sí misma.

Compartimos plenamente la intención admirable del Presidente Obama expresada en el borrador de su Orden Ejecutiva, donde afirma que “es necesario establecer un mecanismo de cumplimiento adecuado para asegurar que los fondos federales no sean usados para servicios de aborto”. Sin embargo, el mismo hecho de que una Orden Ejecutiva sea necesaria para clarificar la legislación señala las deficiencias del mismo estatuto. No entendemos como una Orden Ejecutiva, no importa la buena intención, puede sustituir las provisiones estatutarias.

El estatuto también es profundamente deficiente porque no incluye el lenguaje necesario para otorgar protecciones de conciencia esenciales  (tanto en lo referente al aborto como más allá de este contexto). Del mismo modo, muchos trabajadores inmigrantes y sus familias podrían quedar en una peor situación dado que no se les permitirá comprar seguro médico en los nuevos intercambios, o mercados, que se crearán, incluso si usan para ello su propio dinero.

Muchas personas en el Congreso y en el Gobierno, así como grupos y personas en la comunidad católica, han insistido repetidamente en que este estatuto no incluye la financiación federal del aborto y que asegura fuertes protecciones de conciencia. Análisis publicados de forma separada muestran que éste no es el caso y esta es la razón por la cual nos oponemos a él en su forma actual. Nosotros, junto a muchos otros, acompañaremos al gobierno en la puesta en práctica de la reforma del cuidado de la salud y trabajaremos para asegurar que el Congreso y la Administración estén a la altura de tales afirmaciones que han contribuido a su aprobación. Finalmente, creemos, casi con toda certeza,  que se requerirá de nueva legislación para resolver sus deficiencias.

Como obispos, deseamos reconocer la actuación por principios de los miembros pro vida de ambos partidos en el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado, quienes han trabajado valerosamente para crear una legislación que respete los principios descritos con anterioridad. A menudo han sido difamados y han tenido que trabajar en contra de grandes obstáculos.

Como obispos de la Iglesia Católica, hablamos en nombre de la Iglesia y de la fe católica. La fe católica no es una agenda partidista, y aprovechamos esta oportunidad para comprometernos de nuevo a trabajar por el cuidado de la salud que verdadera y completamente salvaguarde la vida, la dignidad, la conciencia y la salud de todos, desde el niño en el vientre a aquellos que viven sus últimos días en la tierra.  
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