USCCB - (Hispanic Affairs) - Análisis de la Propuesta Migratoria del Presidente Bush vs. los Principios de <i>Ya no somos extranjeros</i>

Análisis de la Propuesta Migratoria del Presidente Bush vs. los Principios de Ya no somos extranjeros

Por Kevin J. Appleby
Director
Migration/Refugee Policy
USCCB Migration and Refugee Services (MRS)
El 7 de enero, el Presidente Bush presentó una propuesta para la reforma migratoria que permitiría a las personas indocumentadas en Estados Unidos y a los trabajadores extranjeros, obtener una visa laboral temporal. Entre sus comentarios, el presidente hizo una serie de observaciones positivas sobre las contribuciones que han hecho los inmigrantes a nuestra nación. Dijo también que el sistema migratorio no está funcionando bien y que la nación gozará de más seguridad si se legaliza la situación de la población indocumentada y ésta “sale de la oscuridad”. Estos comentarios reflejan las declaraciones de los obispos de Estados Unidos y de otros que han abogado a través de los años por una política pro-inmigratoria y deben ser acogidos y utilizados en iniciativas pro-inmigrantes en el futuro.

Resumen de la Propuesta. Aunque los detalles del plan aun son un poco vagos, se cuenta con suficiente información para ofrecer un bosquejo de la propuesta.

El programa será administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security), en cooperación con otras agencias gubernamentales como, por ejemplo, el Departamento de Trabajo;
Tanto los trabajadores extranjeros como los indocumentados “que estén trabajando actualmente” en Estados Unidos serán elegibles para una visa laboral temporal, siempre y cuando haya un empleador que esté dispuesto a ofrecerles un trabajo;
Las visas expedidas bajo este programa tendrán una duración de tres años, pudiéndoselas renovar una vez por tres años más;
Los trabajadores temporales podrán traer a su cónyuge y a sus hijos menores de edad siempre y cuando el trabajador los pueda mantener. A los miembros de su familia se les permitirá trabajar pero sólo si lo hacen en un trabajo que esté bajo el programa;
No se fijarán límites para el número de visas que se expidan, siempre y cuando cada trabajador cuente con un trabajo. El programa no está limitado a un sector laboral específico;
A los trabajadores que estén bajo este programa se les brindará la misma protección laboral que se les brinda a los trabajadores estadounidenses. Una porción del salario del trabajador sería diferida para gozar de los beneficios del Seguro Social y los trabajadores tendrían la opción de poder guardar sus ingresos en una cuenta de ahorros con el pago diferido de impuestos.
En el programa no se realizarán pruebas de mercado en el campo laboral para asegurar que los trabajadores estadounidenses no estén siendo afectados en forma adversa. Los empleadores tendrán que hacer “todo esfuerzo razonable” para encontrar a un estadounidense que pueda realizar ese trabajo, pero no existe un mecanismo establecido para asegurar que esto se cumpla. Los empleadores que en la actualidad estén empleando a trabajadores indocumentados, podrán conservar a esos empleados sin tener que buscar a trabajadores estadounidenses para que ocupen esos puestos;
A los trabajadores indocumentados que estén en el país se les fijará una cuota para participar en el programa pero no se les exigirá una cuota a los trabajadores temporales que vengan del extranjero. Los empleadores reportarán a aquellos trabajadores que han sido contratados y a los que han sido despedidos.
El programa permitiría que los trabajadores se “pasen a otro empleador que participe en el programa” y permitiría a los trabajadores ir y venir de su país de origen sin tener que pagar una multa.
Fuera de las categorías actuales, no hay una vía para la residencia permanente que se ofrezca a aquellos que estén en el programa. El programa no impediría el acceso a la residencia permanente mediante los “canales normales”, siempre y cuando “no se les dé una ventaja injusta sobre aquellas personas que, desde un principio, han seguido el procedimiento legal”. Se aspira a conseguir un “incremento razonable” de visas permanentes (“tarjetas verdes”) para que los participantes puedan contar con mejores oportunidades para hacerse residentes permanentes.
Se mantendrán las sanciones contra aquellos empleadores que contraten a trabajadores indocumentados, aunque no se ha especificado el tipo de multa.

Comparación con los principios de los obispos de Estados Unidos. Enseguida presentamos una comparación entre la propuesta de la Administración y los principios para la reforma migratoria delineada en la carta pastoral de los obispos de México y Estados Unidos, Juntos en el camino de la esperanza: Ya no somos extranjeros:

Una legalización mucho más amplia: En la carta pastoral, los obispos hacen un llamado para un amplio programa de legalización para la población indocumentada en Estados Unidos, sin importar su nacionalidad. En este contexto, la legalización significa obtener la residencia permanente la cual los llevaría a hacerse ciudadanos estadounidenses. Mientras que la propuesta de la Administración les daría un estatus “legal” al expedirles una visa temporal, no hay disposiciones para que un trabajador pueda “hacerse acreedor” de la residencia permanente a menos que ésta sea auspiciada por su empleador o por una relación familiar (matrimonio/padres), por medio de la cual el empleador o el familiar presenta una petición por el individuo. Desde la perspectiva de los obispos de Estados Unidos y de México, ésta es la falla más grande del programa.

Una inmigración basada en la reunificación familiar: Los obispos de Estados Unidos y de México hacen un llamado para efectuar cambios en el sistema migratorio que favorezcan la reunificación familiar como parte de una reforma migratoria más amplia, ya que los inmigrantes llegan aquí no sólo para trabajar sino también para reunirse con sus familiares. Históricamente, la Iglesia ha dicho que la reunificación familiar debe ser la piedra angular de todo sistema migratorio. En la actualidad, los cónyuges y los hijos de un residente permanente legal en Estados Unidos deben esperar por un largo período de tiempo antes de poder reunirse legalmente con sus seres queridos en Estados Unidos. Por ejemplo, los residentes permanentes mejicanos en Estados Unidos deben esperar hasta ocho años antes de poder reunirse con sus familiares. La propuesta de la Administración no aborda los grandes retrasos que existen en el sistema migratorio basado en la reunificación familiar.

El programa de trabajadores temporales: Básicamente, la propuesta de la Administración crea un nuevo programa de trabajadores temporales (programa de “trabajadores huéspedes”) el cual está diseñado para complementar “a un empleador dispuesto con un trabajador dispuesto.” El programa no logra incluir mucho de lo que los obispos de Estados Unidos y de México consideran como una protección necesaria para los trabajadores en este tipo de programa:

a. Un nivel salarial y los beneficios necesarios para sostener dignamente a una familia. Los obispos de Estados Unidos y de México exigen que se incluya unos salarios y unos beneficios suficientes para poder sostener a una familia en forma digna, esto es, por encima del nivel de pobreza. Los trabajadores en este programa estarán amparados bajo las mismas leyes laborales y salariales actuales, incluyendo el salario mínimo. Es muy probable que a los trabajadores se les pague el sueldo mínimo a menos que la competencia sea tal que los empleadores se vean obligados a pagar salarios más altos. Esto es poco probable ya que el empleador tendrá control sobre el trabajador y, por lo tanto, será capaz de reemplazar al trabajador sin mayor impedimento. No hay disposiciones para darles cobertura médica o vivienda. Sin embargo, mediante unos acuerdos de totalización con veinte países y con México (pendiente), los trabajadores podrían acumular beneficios del Seguro Social y colocar estos beneficios en una cuenta corriente con el pago diferido de impuestos si así lo deseasen.

b. Protecciones laborales que tienen los trabajadores en Estados Unidos. La propuesta de la Administración afirma que los trabajadores temporales gozarán de las mismas protecciones que tienen los trabajadores de Estados Unidos, específicamente las leyes que protegen el salario mínimo y los reglamentos para la seguridad del trabajador. No especifica cómo se pondrían en vigor estas protecciones. Ya que los trabajadores extranjeros no gozan de las mismas protecciones que los trabajadores estadounidenses, estas protecciones deberán ser detalladas en toda legislación.

c. Reunificación Familiar. Los familiares inmediatos podrán reunificarse con el trabajador en Estados Unidos pero no podrán conseguir un trabajo a menos que lo hagan bajo este programa. Los trabajadores en el programa tendrán que demostrar que ellos pueden sostener a los miembros de su familia que no participan o no pueden participar (niños) en el programa. Este es un aspecto positivo de la propuesta, pero los obispos de Estados Unidos preferirían ver que los miembros inmediatos de una familia tengan los mismos privilegios que el trabajador principal, esto es, autorización para trabajar y, lo que sería ideal, una residencia permanente.

d. Pruebas de mercado en el campo laboral para asegurar que los trabajadores estadounidenses no sean afectados de manera adversa. La propuesta no incluye pruebas de mercado en el campo laboral por una entidad independiente para determinar si una afluencia de trabajadores extranjeros afectaría de manera adversa a los trabajadores estadounidenses. Lo que si pide es que los empleadores hagan “todo esfuerzo razonable” para reclutar a trabajadores estadounidenses, pero no ofrece un mecanismo establecido para asegurar que esto se cumpla. Así, un empleador bien pudiese recortar el nivel salarial de los trabajadores extranjeros mientras que el salario de la industria podría ser mucho más alto.

e. Tránsito sin obstáculos entre Estados Unidos y el país de origen. La propuesta permite ese tipo de tránsito, pero no ofrece costear el transporte como lo hace actualmente el programa H-2A. No está claro cómo es que los trabajadores van a poder cubrir sus gastos cada vez que regresen.

f. Vía para obtener la residencia. Como ya se ha mencionado, bajo este programa no existe una vía para obtener la residencia permanente, tanto para el indocumentado que ya está se encuentra en Estados Unidos como para el que viene de fuera. Los trabajadores tendrían acceso a una visa permanente mediante trámites hechos por su empleador o por sus familiares. Por esta razón, se van a crear más visas permanentes.

g. Mecanismos para su cumplimiento. La carta pastoral exige también el establecimiento de mecanismos para asegurar la protección de los derechos de los trabajadores. Esto pudiese incluir más recursos para su cumplimiento en la investigación de presuntos abusos, así como un proceso independiente y transparente para la investigación de quejas, y el derecho a presentar demandas en la corte federal. Ninguna de estas disposiciones está incluida en la propuesta de la Administración.

h. Cuentas en el Seguro Social. La carta pastoral exige que se extiendan los beneficios del Seguro Social a los trabajadores extranjeros. La propuesta incluye una disposición para que se les acredite sus beneficios del Seguro Social. Se crearían cuentas de ahorros con el pago diferido de impuestos para aquellos que opten por colocar una parte de sus ingresos en esas cuentas.

Aunque la propuesta no llega a incluir muchos de los elementos delineados en la carta pastoral, es importante reconocer algunos de sus aspectos positivos. Primero, el presidente reconoce que a los indocumentados que ya están en el país, y a aquellos que emigran, debe dárseles la oportunidad de estar aquí legalmente. Esto es significativo ya que se tendrían que establecer vías legales para permitir el ingreso de personas que cuentan con una oferta de trabajo y, de esta manera, aliviar las presiones para cruzar la frontera con contrabandistas, o bajo otros medios, reduciendo así los casos de muerte en esos lugares.

Segundo, el presidente ha indicado que se pondrán a disposición más visas permanentes (“tarjetas verdes”), aunque no especificó bajo qué categorías ni el número de visas. Al presente, sólo 5,000 de esas visas están disponibles para trabajadores con limitada preparación, pero se necesitarían muchas más. Finalmente, se debe resaltar que el programa para el trabajador temporal permite que los familiares inmediatos se reunifiquen con el trabajador en Estados Unidos. Esto sirve de ayuda para abordar una de las grandes preocupaciones de la Iglesia, esto es, las consecuencias sociales de la desintegración familiar.

Otros asuntos. Vemos también otros defectos en esta propuesta. Por ejemplo, algunos argumentarán que los trabajadores indocumentados que han vivido aquí por muchos años tendrán muy pocos incentivos para integrarse al programa ya que tendrían que regresar a su país de origen después de caducar su visa. Ya que los empleadores tendrán que reportar a todo trabajador nuevo, los trabajadores tendrían el temor justificado a ser deportados en caso de perder su trabajo. Asimismo, tendrían temor a ejercer sus derechos en sus centros laborales por miedo a perder sus empleos.

Otros están preocupados por el uso de los ingresos del trabajador para acreditarles beneficios en el Seguro Social. Esto se hizo durante el Programa Bracero en la década de los 40, pero los trabajadores nunca pudieron recuperar nada de ese dinero.

A pesar de estas imperfecciones, los obispos de Estados Unidos ven la propuesta de la Administración como un paso adelante en la reiniciación del debate sobre inmigración en este país. La propuesta significa el inicio de un proceso por el cual la Administración y el Congreso, con las aportaciones que haga el público, promulgarán amplias medidas para una reforma migratoria. Es importante no criticar o exaltarse mucho al abordar ésta y otras propuestas ya que todas las partes y los aspectos del debate deberán llegar a un consenso para promulgar una propuesta justa.

Aquí van algunos puntos para el diálogo que podrían serle útil a usted y a su obispo:

Puntos para el diálogo sobre la propuesta migratoria de la Administración Bush:

El 7 de enero de 2004, el Presidente Bush presentó una propuesta para la reforma migratoria que otorgaría una estadía legal temporal a los trabajadores indocumentados que se encuentran en el país y a aquellos que vienen del extranjero, a quienes un empleador dispuesto les ha ofrecido trabajo. Aunque el programa les permitiría a los trabajadores conseguir una visa hasta por tres años, con la opción a renovarla por tres años más, ésta no les brinda a los trabajadores, o a sus familiares, la oportunidad de obtener la residencia permanente (“tarjeta verde”) como parte del programa. Los trabajadores tendrían que obtener su residencia permanente por medio de los “canales normales”, esto es, mediante una petición de parte de un empleador o de un familiar.
La propuesta de la Administración ayuda a reiniciar el debate nacional sobre inmigración y legalización el cual se detuvo inmediatamente después de los ataques del 11 de setiembre. Estamos de acuerdo con el presidente que los inmigrantes contribuyen económica, social, y culturalmente a nuestra nación y que nuestro sistema migratorio no funciona bien y necesita arreglo Es significativo que el presidente haya reconocido que a los indocumentados que están aquí se les debe legalizar, si bien es sólo por un tiempo limitado. Es también significativo que la propuesta busque aumentar el número de visas permanentes o “tarjetas verdes” a la cifra actual de visas para que más trabajadores tengan acceso a una residencia permanente.
Sin embargo, la propuesta es insuficiente para responder a los criterios presentados por los obispos de Estados Unidos y de México sobre una reforma migratoria en su carta pastoral Juntos en el camino de la esperanza: Ya no somos extranjeros. En esa carta, los obispos exigen una amplia reforma migratoria que legalice a los indocumentados (residencia permanente) y que aborde todos los aspectos del sistema migratorio de Estados Unidos, incluyendo los sistemas de inmigración basados en el empleo y en los lazos familiares. La propuesta de la Administración no ofrece una vía para la residencia permanente para los trabajadores indocumentados y no logra abordar adecuada y totalmente ni el sistema migratorio basado en el empleo, ni el sistema migratorio basado en los lazos familiares.
Básicamente, la propuesta de la Administración crea un nuevo programa ilimitado de trabajadores temporales (“trabajadores huéspedes”), el cual, a pesar de ofrecer los medios legales para que los trabajadores migrantes puedan trabajar, no ofrece las protecciones adecuadas para asegurar que los trabajadores no sufran abusos o explotación. Por ejemplo, no existe el requisito para que una entidad independiente, como el Departamento de Trabajo, investigue si la afluencia de trabajadores extranjeros afectaría en forma adversa a los trabajadores estadounidenses. Técnicamente, los empleadores, después de hacer “todo esfuerzo razonable” para reclutar a trabajadores estadounidenses, podrían traer a trabajadores temporales pagándoles un salario mínimo, afectando a los trabajadores de algunas industrias que están ganando mucho más que el sueldo mínimo.
El programa de trabajadores temporales no se ajusta a los otros requisitos delineados por los obispos, incluyendo mecanismos para asegurar que los derechos de los trabajadores sean protegidos y que los niveles de los salarios y beneficios sean adecuados para mantener dignamente a sus familias. Lo que sí indica la propuesta es que los trabajadores extranjeros gozarían de las mismas protecciones laborales que los trabajadores estadounidenses, pero no detalla como se harían cumplir esas protecciones. Se permitirá a los familiares inmediatos del trabajador reunificarse con sus seres queridos en Estados Unidos pero, si ellos no participan o no pueden participar en el programa, el trabajador tendrá que demostrar que él/ella los puede mantener.
Aunque algunos aspectos de la propuesta de la Administración son alentadores (la disponibilidad de más “tarjetas verdes” para aquellos que son auspiciados por un empleador o por un familiar; las cuentas que acumularían beneficios del seguro social y el pago diferido de los impuestos; y la reunificación familiar bajo circunstancias específicas), no cumple con todos los criterios necesarios para lograr un programa equitativo de reforma migratoria. No se ofrece una vía para la residencia permanente ni tampoco se aborda los grandes retrasos existentes en los casos de inmigración por petición familiar. En el programa de los trabajadores temporales, se les da mucha ventaja a los empleadores que controlan los trabajos. No hay mecanismos para asegurar que no se le despida injustamente a un trabajador por presentar alguna preocupación o por ejercer sus derechos, permitiendo así que algunos empleadores inescrupulosos amenacen a sus empleados con la destitución de sus cargos o con la deportación.
Hay aún muchas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, la Administración no especifica cuántas visas más se pondrán a disposición de esta población, ni tampoco menciona cómo se pondrán en vigor los aspectos del programa para la protección del trabajador. (Aunque la propuesta exige más control fronterizo e interno para detener a los indocumentados que no participan en el programa así como más control para los empleadores que contratan a trabajadores ilegales). Quizás algunas de estas preguntas tengan respuesta cuando se proponga la legislación en unos cuantos meses más.
Existen también otras preocupaciones sobre este programa las cuales deben ser abordadas. Las personas indocumentadas en Estados Unidos deberán pensarlo bien antes de ingresar al nuevo programa ya que, a la larga, tendrán que salir de Estados Unidos a menos que obtengan su residencia mediante los “canales normales”. Otra preocupación es la retención de los ingresos del trabajador en cuentas de ahorros con pago diferido de impuestos, lo cual ya se hizo bajo el Programa Bracero. Cuando se terminó ese programa, los trabajadores no tuvieron acceso a esos fondos y hasta ahora no han podido recuperar su dinero.
Los obispos de Estados Unidos y de México creen que una amplia reforma migratoria debe abordar todos los aspectos del sistema de inmigración, incluyendo los sistemas de inmigración basados en el empleo y en la reunificación familiar. El elemento central de todo plan, deberá ser una vía de legalización que conduzca a la residencia permanente. Además, las políticas deberán promulgarse para fomentar un desarrollo económico sostenible dentro de las comunidades de origen. La propuesta de la Administración sólo aborda un aspecto de nuestro sistema migratorio y no tiene las protecciones necesarias para asegurar la protección de los derechos de los trabajadores.
Esperamos trabajar junto con la Administración y el Congreso para promulgar una reforma migratoria que aborde el sistema migratorio de nuestra nación en su totalidad. La propuesta de la Administración marca el inicio de un largo proceso, el cual esperamos dé como resultado una solución equitativa y completa a nuestra actual crisis migratoria.