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La Madre Francisca Cabrini, la Madre Teodora Guerin, la Madre Mary Russell, la Madre Xavier, la Madre José. El legado de estas pioneras fundadoras de hospitales y de servicios médicos católicos está en peligro. Sus nombres nos son familiares: Hermanas de la Providencia, Hermanas de la Caridad, Hermanas de la Merced, las Hermanas Franciscanas de María, las Hermanas de la Santa Cruz. Estas son algunas de las comunidades religiosas de renombre por fundar y operar hospitales en todos los Estados Unidos, generalmente en ciudades y pueblos en donde eran inexistentes, ciertamente no existía ninguno que sirviera a los pobres.
¿Qué quiere decir hospital católico? La red electrónica de un hospital contesta bien esta pregunta:
El hospital de St. Vincent Charity es un sitio especial para recibir cuidados médicos, con los mejores programas médicos y los tratamientos más avanzados. Es además un hospital católico, lo que significa que nuestro personal no sólo se dedica a cuidar el cuerpo, sino también la mente y el alma. Es un sitio en donde la compasión es mucho más que una simple palabra –es una visión. Inspirados por la misión sanadora de Jesús, nuestro personal se esfuerza por tratar a las personas con respeto, dignidad y cuidado. Por ofrecer cuidados médicos basados en nuestra fe, que aúnan la compasión humana con tecnología y servicios altamente avanzados...Este ministerio fue establecido con el propósito de servir a los pobres, especialmente a las mujeres y a los niños. La calidad de servicios médicos fue magnífica desde sus comienzos. En los años de 1940, el mejor centro de tratamiento para el polio en el Oeste-Medio fue establecido por las Hermanas Franciscanas en el hospital de San Antonio en San Luis. Las Hermanas de la Caridad que fundaron el hospital de St. Vincent en la ciudad de Nueva York han ofrecido excelentes servicios de emergencia por dos siglos, tanto a las víctimas del Titanic en 1912 como a las víctimas del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001.
Los hospitales católicos tratan 80 millones de pacientes cada año y constituyen el 11% de la comunidad total de hospitales. Como los abogados del aborto se aprontan a señalar, los hospitales católicos son con frecuencia los únicos existentes en las comunidades rurales. Esto ocurre porque ellos operan no con afán de lucro sino por caridad. En 1998, por ejemplo, los servicios a los pobres en los 637 hospitales católicos sufrieron pérdidas financieras de $2.8 mil millones. En promedio, los hospitales católicos ofrecen una gama de servicios más extensa que la de otros hospitales: programas de nutrición, clases de planificación natural de la familia, servicios geriátricos y tratamiento de HIV/SIDA.
Hoy, este legado y esta misión están siendo atacados por los que abogan por el aborto. Por décadas ellos han tratado de forzar a los hospitales católicos a ejecutar abortos o a irse a la ruina. En años recientes sus tácticas se han tornado más discretas, y la campaña para negar a los proveedores católicos de cuidados de la salud sus derechos de conciencia han conseguido algunos triunfos.
Historia de los esfuerzos por negar las protecciones de la conciencia
Poco después de que la Corte Suprema pasara su decisión en 1973 sobre Roe v. Wade, el Congreso tomó la importante y necesaria acción de pasar una ley para proteger a los profesionales de la salud y a los hospitales que objetaban el aborto por razones de conciencia. La ley declara que el recibo de fondos federales en varios programas de salud no requiere que los hospitales participen en procedimientos de aborto o esterilización. También prohíbe que los hospitales en estos programas estipulen como condición para emplear a un individuo, la aceptación o el rechazo a ejecutar estos procedimientos. Esta ley fue en parte en respuesta a una decisión en una corte de un distrito federal que buscaba obligar a los hospitales católicos a ejecutar esterilizaciones. También en respuesta a la preocupación de que algunos malinterpretaran que Roe constituía el derecho a abortar, como opuesto al derecho a libertad de interferencia del gobierno en la decisión de abortar. De hecho, en un artículo de revisión de la ley en 1975, la consultora general de Planificación Familiar, Harriet Pilpel, estableció una estrategia de litigación objetando las protecciones a la conciencia basándose en que restringían el "derecho" a abortar.
Los estados también respondieron rápidamente a esta amenaza. El año siguiente a Roe, veintisiete estados establecieron leyes para evitar que los proveedores de servicios de salud fuesen forzados a participar en abortos. Dos años más tarde, cinco estados más pasaron protecciones de conciencia. Hoy, cuarenta y cinco estados tienen leyes que protegen a los proveedores de servicios de salud que rehúsan participar en abortos por razones de conciencia. Algunos estados también protegen a los proveedores que objetan otras clases de procedimientos, como eutanasia, esterilización, inseminación artificial, drogas abortivas y anticonceptivas. La ley federal también protege a los proveedores de cuidados de salud que rehúsan participar en ejecuciones federales. Está claro que el principio del derecho a objeción por razones de conciencia es bien reconocido —pero es también atacado más severamente.
Casi treinta años después de Roe, el objetivo de los activistas del aborto es el mismo. La red electrónica del proyecto para proveer a hospitales NARAL (National Abortion and Reproductive Rights Action League) en Maryland, no escatima palabras "El objetivo del Proyecto para Proveer Hospitales es aumentar el acceso a servicios de aborto exigiendo a los hospitales de Maryland que provean abortos y otros cuidados de salud reproductivos" (énfasis agregado). Similarmente, un reciente reporte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) titulado "Rechazos Religiosos y Derechos de Reproducción", intenta exigir que todos los hospitales, incluyendo los católicos, provean abortos. El reporte insiste que dado el caso que los hospitales católicos ofrecen un servicio público —cuidado de la salud— "deben observar las reglas públicas". No coincidencialmente, "las reglas públicas" son las reglas de ACLU: "mientras más público o secular sea el sitio, menos aceptable es cualquier derecho de la institución a rehusar".
Esta atrevida retórica es con frecuencia acompañada por audaces (y ocasionalmente victoriosos) intentos para ordenar el aborto. En 1997, una coalición de activistas del derecho al aborto en Alaska presentó una demanda para forzar a un hospital privado no sectario a ejecutar abortos. La Corte Suprema de Alaska ordenó al hospital a hacerlo, basándose en que la política pro-vida del hospital "es una restricción inconstitucional al derecho al aborto." En una reunión de la Casa de Delegados de la Asociación Médica Americana en el año 2000, la Asociación Médica de California trató de ganar el apoyo de la AMA para una legislación que requería que todos los hospitales ofrecieran "toda la gama de servicios reproductivos", incluyendo abortos. Afortunadamente, la resolución fue derrotada después de intenso debate. Y solamente el invierno pasado, el recientemente electo alcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, puso en práctica lo que prometiera en su campaña, haciendo obligatorio el entrenamiento para aborto en todos los programas de residentes de obstetricia y ginecología.
Nuevas amenazas
Hoy los activistas del derecho al aborto están implementando una estrategia disimulada y creciente para eliminar los derechos de conciencia. Por ejemplo, se han embarcado en una campaña para obligar a todos los planes de beneficios para empleados a cubrir drogas anticonceptivas alegando que los anticonceptivos son "cuidados básicos de la salud".
Algunos estados han adoptado el mandato de los anticonceptivos, la mayoría con inadecuada o absolutamente ninguna protección de conciencia. Virtualmente todos estos mandatos requieren la llamada "anticoncepción de emergencia".
Esta preparación está mal nombrada pues comúnmente opera interfiriendo con el implante en el útero seis a siete días después de la concepción, causando la muerte del temprano embrión. Los esfuerzos para demandar que se cubra el uso de "anticonceptivos"son por tanto intentos para oscurecer o destruir la línea entre el aborto y la contracepción, y para generalizar el uso de drogas abortivas eliminando el derecho de conciencia.
Los que abogan por el derecho al aborto han intentado también hacer obligatorio el suministro rutinario de "contracepción de emergencia" para víctimas de violación. La enseñanza católica apoya el suministro de estas drogas a víctimas de violación cuando es claro que el tratamiento actuará como anticonceptivo no como abortivo. Aunque sólo unos pocos legisladores estatales están considerando los mandatos de "contracepción de emergencia", un esfuerzo nacional organizado —el Proyecto de Acceso al Aborto— que está tratando de ganar apoyo, está ya en vigencia en veinticuatro estados. Está claro, por los materiales del proyecto incluyendo la hoja de datos y recursos en su página digital, que va dirigido a los hospitales católicos. Obligar a usar drogas abortivas es por lo tanto un avance hacia la imposición de la ejecución de abortos aun en los hospitales católicos. Efectivamente, los materiales del grupo sobre "contracepción de emergencia" están incluidos en un paquete titulado: "Campaña diseñada para incrementar servicios de aborto en los hospitales" (énfasis agregado).
Los activistas pro-aborto también han enlistado el apoyo del gobierno estatal y local para discriminar contra los proveedores de servicios de salud en pro de la vida. Han intervenido en procedimientos de "certificado de necesidad" para derrotar los planteles para el cuidado de la salud que ponen objeción al aborto. Han logrado que abogados generales estatales apliquen teorías legales novedosas para prevenir fusiones que incluyen hospitales con políticas pro vida. Y han buscado que se termine el financiamiento público a los hospitales católicos.
Estas complejas estrategias legislativas y de litigación han sido desarrolladas para abolir los derechos de conciencia por una razón primaria: Los que abogan por el aborto están desesperados por legitimar el aborto, que todavía es un estigma en la sociedad médica y en la sociedad en general. La mitad de los estadounidenses considera el aborto un asesinato. Menos de mil médicos los ejecutan. Solamente un 7% de los abortos son ejecutados en hospitales, y únicamente en un 14% de los hospitales. Pero si los abortos tienen que ejecutarse por ley en todos los hospitales, esto daría la impresión de que son un cuidado básico y estándar de la salud. En 1995, cuando solicitó la intensificación de los esfuerzos para que el entrenamiento en aborto fuera un requisito para todos los residentes médicos, el abortista Dr. David Grimes declaró que "hacer el entrenamiento para abortar parte rutinaria de cualquier residencia... hará que el aborto vuelva a ser común en medicina". (Por supuesto, nunca lo ha sido.)
Intentos agresivos a debilitar los derechos de conciencia pueden también explicarse por la naturaleza ferozmente competitiva y la naturaleza comercial del negocio del aborto. Para generar más negocio, las clínicas de aborto están localizadas casi exclusivamente en áreas urbanas, densamente pobladas. "Las clínicas de aborto no se diferencian de cualquier otro servicio, dice el Dr. William Ramos, quien dirige una clínica de abortos en Las Vegas. 'En todo el estado de Nevada, hay solamente un distribuidor de Lexus y uno de Acura', dice él." Con abortos, continúa el Dr. Ramos, "hay menos trabajo y más ingresos". Sin embargo, "[l]os dueños de clínicas dicen que no tienen más remedio que agruparse en las ciudades—esa es la única forma de encontrar suficientes pacientes".
Conforme ha crecido el sentimiento público antiabortista en los últimos años y menos mujeres buscan abortos, los dueños de las clínicas tratan más de proteger el "negocio" que ya tienen —y están menos dispuestos a extenderlo a las áreas rurales donde aún menos mujeres buscan servicios de aborto. En vez de "abrir un taller" en esas áreas arriesgando sus márgenes de ganancias, están abogando porque todos los hospitales, incluyendo los católicos, sean obligados a ejecutar abortos.
Si las fuerzas pro aborto triunfan, serán responsables del cierre del ministerio católico de cuidados de salud. Como el Cardenal George tan conmovedoramente testificó contra la propuesta del AMA que requería que todos los hospitales proveyeran todos los "servicios reproductivos de salud": "Los hospitales católicos no pueden obedecer. Efectivamente, a la Asociación Americana de Medicina se le está pidiendo que ayude a abolir el cuidado católico de la salud en este país".
Para contrarrestar tales esfuerzos, las existentes protecciones de conciencia deben reforzarse. Porque los intentos de debilitar los derechos de conciencia están avanzando como mandatos para otros procedimientos tales como anticoncepción y "contracepción de emergencia", se necesitan leyes de conciencia generales para impedir que planes de salud y hospitales sean forzados a pagar por estos servicios y a participar en esos procedimientos. Las leyes deben ser amplias también en cuanto a la protección de todos los proveedores de servicios de salud: hospitales, médicos, enfermeras, estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina, y ayudantes de enfermeros.
La defensa de estos derechos no es sólo un asunto católico. Es un derecho fundamental humano rehusar tomar parte en acciones moralmente malas:
El rechazo a participar en la ejecución de una injusticia no sólo es un deber moral, sino también un derecho humano fundamental. Si no fuera así, se obligaría a la persona humana a realizar una acción intrínsecamente incompatible con su dignidad y, de este modo, su misma libertad, cuyo sentido y fin auténticos residen en su orientación a la verdad y al bien, quedaría radicalmente comprometida. Se trata, por tanto, de un derecho esencial que, como tal, debería estar previsto y protegido por la misma ley civil. En este sentido, la posibilidad de rechazar la participación en la fase consultiva, preparatoria y ejecutiva de semejantes actos contra la vida debería asegurarse a los médicos, a los agentes sanitarios y a los responsables de las instituciones hospitalarias, de las clínicas y casas de salud. Quien recurre a la objeción de conciencia debe estar a salvo no sólo de sanciones penales, sino también de cualquier daño en el plano legal, disciplinar, económico y profesional.
(Papa Juan Pablo II, El Evangelio de la Vida, no. 74)
¿Qué debe hacerse para proteger el derecho de conciencia?
Los católicos deben hacer campaña a favor de los derechos de conciencia en el plano estatal, local y federal. Debemos apoyar los hospitales y los centros de salud de la comunidad que observen políticas para proteger la vida. Debemos cabildear por el establecimiento de leyes de conciencia estatales y federales más fuertes y escribir cartas a nuestros representantes estatales y federales oponiéndonos a los mandatos sobre anticonceptivos y "contracepción de emergencia".
Aun cuando dicen ser "pro-elección", quienes abogan por el aborto tienen como una de sus principales prioridades la destrucción de la libre elección sobre aborto y otros procedimientos moralmente objetables. Ellos no quieren un sistema de cuidados de la salud diverso y pluralista, sino un sistema unánime que promueva la destrucción de la vida como un aspecto básico de los cuidados de la salud. La libertad y el pluralismo verdaderos, al igual que la santidad de la vida humana, estarán dentro de las pérdidas sufridas si ellos triunfan.
En lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y evitar el mal... El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón ... La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella.
(Catecismo de la Iglesia Católica, 1776)
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Maureen Kramlich, Esq. es analista de políticas públicas en la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU., Secretariado de Actividades Pro Vida. Traducción: Dr. Marina A. Herrera, Bethesda, MD.
Recursos
National Committee for a Human
Life Amendment
Coordina esfuerzos fundamentales en legislaciones federales pro-vida incluyendo protecciones federales a la conciencia.
733 15th Street, NW Suite 926
Washington, D.C. 20005
(202) 393-0703
email info@nchla.org
www.nchla.org
National Association of State Catholic
Conference Directors
Comuníquese con la conferencia católica de su estado para participar en las protecciones estatales a la conciencia.
www.nasccd.org/StateConferences/Directory.htm
USCCB Secretariat for Pro-Life Activities
Visite: www.usccb.org/prolife para encontrar lista de actos, testimonios y artículos sobre protección de la conciencia.
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