El regreso del aborto al debate de la reforma del sistema de salud
Richard M. Doerflinger
23 de julio de 2010
El Congreso aprobó la Ley de Protección al Paciente y Cuidados de Salud Asequible (“Patient Protection and Affordable Care Act”, PPACA, en inglés) en marzo, entre un debate no resuelto sobre el impacto de la legislación sobre el aborto y la protección de la conciencia. Como presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Francis Cardenal George explicó entonces que los obispos debían oponerse al proyecto de ley final a pesar de su fuerte apoyo a la reforma al sistema de salud, porque (entre otras cosas) “destina miles de millones de dólares de nuevos fondos sin prohibir de manera explícita el uso de dichos fondos para abortos”. Otros rechazaron esta acusación, diciendo que la intención legislativa y una orden ejecutiva de último minuto del Presidente Obama evitaban la financiación de abortos.
Avanzamos a julio, cuando una de esas disposiciones de la PPACA que destinaba miles de millones de dólares estaba a punto de entrar en vigencia. El Artículo 1101 de la Ley proporciona $5 mil millones a “fondos mancomunados para seguros de alto riesgo”, que ofrecen los muy necesitados seguros médicos para personas con "condiciones preexistentes" que de otro modo no pueden obtener cobertura. Este programa finaliza en enero de 2014, cuando estos pacientes puedan unirse a otros en la adquisición de planes de salud calificados en los nuevos intercambios de seguros estatales. Los gobiernos de los estados pueden proponer la lista de beneficios y otros detalles para la cobertura de sus residentes en estos fondos, pero el gobierno federal toma las decisiones finales y proporciona todos los fondos gubernamentales para subsidiar esta cobertura.
Los grupos pro vida encontraron que varios estados –comenzando con Pennsylvania, Nuevo México y Maryland– habían anunciado en sus sitios de Internet que sus planes del estado incluirían abortos electivos. (Nuevo México usaba la frase en forma abierta; Pennsylvania dijo que su plan no cubriría “abortos electivos”, pero sí cubriría los abortos que son legales según las decisiones de la Corte Suprema, es decir todo aborto que un abortista ve como necesario para el “bienestar” social o emocional de una mujer. Estos planes se describían como ya aprobados, y Nuevo México ya había comenzado a inscribir a los interesados.
Las críticas públicas de este desarrollo provocaron negaciones inmediatas y respuestas evasivas. Una respuesta inicial del Departamento de Salud y Servicios Humanos insistió que los “fondos federales” no cubrirían esos abortos, y dejaba abierta la posibilidad de que todos los que se inscribían podían verse obligados a financiar los abortos de otras personas con los dólares de su prima. Sin embargo, tarde el 14 de julio, el HHS emitió una respuesta nueva y muy bienvenida, en la que decía que los abortos simplemente "no se cubrirán" en estos planes excepto en casos de violación, incesto o peligro para la vida de la madre, como ha sido el caso en los planes de salud con subsidios federales para empleados federales.
Ahora los grupos pro aborto están protestando, con la interesante queja de que este resultado pro vida excede todo lo dispuesto en la PPACA o la orden ejecutiva. En otras palabras, dicen que el análisis de los obispos de lagunas en estos documentos es correcto.
El programa con fondos mancomunados para seguros de alto riesgo es solo una corriente de fondos que la PPACA deja abierta para el aborto. Porque ahora parece que las fuerzas pro vida han ganado la primera vuelta, por medio de una investigación cuidadosa y una respuesta pública pronta. Pero la PPACA necesita una enmienda legislativa para terminar con esas lagunas de una vez por todas. Esa enmienda la ofrece la “Ley de Protección de la Vida” (H.R. 5111) propuesta por el Representante Joe Pitts (R-PA) y otros 115 diputados, entre ellos 13 demócratas. Ya sean que estos u otros miles de millones de dólares de los fondos de los contribuyentes se utilicen para ayudar a eliminar a niños no nacidos no es una cuestión que deberíamos dejar a la política cambiante o al azar.El Señor Doerflinger es subdirector del Secretariado de Actividades Pro-Vida de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Para más información acerca de las actividades pro vida de los obispos, visite www.usccb.org/prolife.